El decano Álvaro Rico hizo un repaso de los diez años de trabajo que el equipo de historiadores de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE) viene realizando en el marco del convenio con Presidencia de la República para la búsqueda de detenidos-desaparecidos y la reconstrucción del período dictatorial.

En una nueva edición del ciclo Café & Tertulia, organizado por el Espacio Interdisciplinario, denominado «30 años de relatos, disputas y silencios sobre los crímenes del terrorismo de Estado en Uruguay», el decano se centró en lo realizado por el grupo que investiga sobre detenidos-desaparecidos y asesinados políticos por responsabilidad del Estado, coordinado por él.
Rico evaluó como positivo el convenio, aunque aclaró que se trata de un acuerdo limitado a determinadas áreas y que «no incluye otras dimensiones del tema derechos humanos que abarcarían otros organismos del Estado y decisiones políticas que no pude tomar un equipo de trabajo como el nuestro».
En cuanto a los obstáculos que tuvieron que enfrentar, dijo que son los mismos que «ha tenido el país desde la recuperación democrática en relación con el tema verdad, justicia y nunca más: los problemas derivados de la existencia de la Ley de Caducidad, los de no realizar ninguna investigación por más dos décadas, los del relato hegemónico de “ni vencidos, ni vencedores” o de la “teoría de los dos demonios”» y remarcó la voluntad política de avanzar en la búsqueda de la verdad que se dio de 2005 en adelante. De todos modos, el decano comentó que el proceso se fue dando «lentamente, parcialmente y contradictoriamente» y eso generó que las demandas sobre archivos, obtención de datos y fuentes de información también fueran satisfechas de manera parcial y gradual.
El coordinador destacó la metodología de trabajo escogida y resaltó la labor de José Pedro Barrán y de Gerardo Caetano, quienes participaron en la primera etapa como supervisores académicos y «contribuyeron al encare de una tarea tan difícil, ya que se partía de una base muy pobre. Su aporte hizo que la investigación fuera completa», comentó.
«Hace una década comenzamos indagando en el archivo de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, que estaba compuesto por legajos de las víctimas donde había una serie de datos en relación con la militancia de las personas, su contexto de detención y, sobre todas las cosas, incorporaba investigaciones judiciales, especialmente de Argentina, de las que se pudo extraer información relevante. Los archivos tenían eso y muy poco más». A partir del trabajo se pudo llegar a revisar 24 archivos, 11 de los cuales pertenecen a organismos públicos. La mayoría no fueron suministrados por el Estado,«fueron localizados gracias a la información que se iba obteniendo sobre dónde podrían estar y por las solicitudes que realizamos», aclaró.

Un trabajo interdisciplinario

Álvaro Rico hizo referencia a la colaboración entre los equipos de historiadores y de antropólogos que trabajaron en el marco del convenio con el Poder Ejecutivo para aclarar los crímenes del terrorismo de Estado. Comentó que cuando estos comenzaron con el trabajo aún no se habían incorporado los historiadores. «En aquel momento yo integraba el Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos (CEIU) […] hubo una propuesta por parte de la Udelar de crear algo así como un grupo auxiliar del equipo de antropología. A partir de de ese momento nos dedicamos a la revisión de prensa y revistas intentando, por indicación de ellos, relevar allí sitios y territorios que se repetían sistemáticamente en testimonios de exrepresores, soldados, etcétera.»
Según relató, en aquel momento los antropólogos necesitaban tener sus propias fuentes, por lo que «los acompañamos a recabar testimonios». Y agregó que las palabras de las víctimas también fueron relevadas para ubicar los lugares a excavar. «Luego hubo que procesar todo en un giro minimalista: rescatar lo que refería a las características del terreno, a los ruidos que nos podrían indicar sobre cauces de agua o estacionamientos de camiones cercanos. También si había desniveles, escaleras o pozos» en los lugares de detención. «Es así que el equipo de investigación histórica se incorpora luego, cuando se detecta qué podrían aportar al tema».

Resultados

El trabajo del equipo de la FHCE permitió establecer que 192 personas fueron víctimas de la desaparición forzada en el período 1968-1985 y corregir la cifra original suministrada por la Comisión para la Paz que establecía el número en 172. Rico destacó que se realizó «la publicación de cinco tomos junto con el equipo de antropología en 2007 y de tres tomos sobre la represión estatal publicados en 2009, y que se hicieron tres actualizaciones de estas publicaciones; la última, el 28 de febrero de este año». En su opinión, los trabajos y hallazgos dieron una dimensión de lo que representó la represión a las organizaciones de pertenencia, brindaron descripciones de los centros clandestinos de detención y dieron una dimensión de las víctimas.
En otro sentido, el decano comentó que hasta el momento el equipo de historiadores ha respondido, a través de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, «noventa oficios judiciales, casi cuarenta pedidos de informes de la Comisión Especial de Reparación el Ministerio de Educación y nueve exhortos internacionales. Además, los investigadores han comparecido personalmente como peritos calificados en mega causas judiciales de la República Argentina. Esto es un avance importante», evaluó.

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