El Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF) se creó en junio del año 2005 a partir del convenio firmado entre Presidencia de la República y la Universidad de la República y busca indagar sobre las denuncias de desapariciones forzadas y muertes sospechosas durante la dictadura. 

Alicia Lusiardo, magíster en Antropología Forense, es actualmente la referente del GIAF ante el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia creado por el Poder Ejecutivo.Diego Aguirrezábal y Nicolás Gazzán son arqueólogos egresados de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE), y desde hace varios años integran el grupo que se conformó en este servicio a partir de una convocatoria de Presidencia de la República que llegó «al Departamento de Arqueología para que se haga un estudio con un grupo de investigadores que ya estaban trabajando [Daniel Panario y Ofelia Gutiérrez de Facultad de Ciencias y Elizabeth Onega de FHCE]. Con el visto bueno del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que venía trabajando con la Comisión para la Paz en todas las cuestiones relacionadas con las desapariciones en Argentina y Uruguay, es que entra en escena el Departamento», comentó Aguirrezábal.

El equipo, que ha ido variando su integración, contó siempre con alrededor de diez personas y se encuentra actualmente trabajando en el Batallón 13 y en el Servicio de Material y Armamento del Ejército en el marco de la causa judicial relativa a María Claudia García Iruretagoyena de Gelman. En esta década su integración ha variado, «ahora es un poco más interdisciplinario: hay arqueólogos y antropólogos forenses. Cada especialización tiene su particularidades». «Además, en estos años pasamos de ser solo arqueólogos trabajando en un contexto forense, a un equipo de antropólogos forenses cumpliendo todo el proceso: desde la búsqueda de información hasta el análisis de los restos. Al principio era más bien la excavación», explicó Aguirrezábal, quien agregó que también se incorporó «el análisis de restos de personas asesinadas, eso fue por la incorporación de disciplinas, que permitió hacer ese tipo de peritajes».
El marco de acción de los integrantes también cambió, explicó el arqueólogo: «Hoy trabajamos dentro de causas judiciales principalmente. En el comienzo lo hacíamos casi exclusivamente a base de pedidos de Presidencia. El ingreso a los batallones era autorizado por el Ejecutivo y hoy se hace por medidas cautelares de la Justicia. Hay un protocolo claro al trabajar judicialmente […]. De no cumplirse, la prueba puede ser declarada nula. Hay una cadena de custodia sobre los elementos, lo que da seguridad […]. Podemos también reclamar determinados cuidados sobre los terrenos de intervención. Todo lo que generás está claro hacia dónde va, qué es lo qué busca y qué pasos hay que seguir».
A medida que el GIAF fue demostrando sus capacidades y que nuevos integrantes se sumaron, las responsabilidades fueron aumentando. Según explicaron los licenciados, no intervinieron en el análisis de los primeros hallazgos de restos (una parte del proceso de identificación), este quedaba en manos del Instituto Técnico Forense. La llegada de Alicia Lusiardo fue fundamental para abordar la tarea cabalmente. También se contó con el apoyo de la FHCE, que montó el nuevo laboratorio (ubicado en Paysandú 1668). Nicolás Gazzán explicó: «cuando nos hicimos cargo de analizar los restos óseos en el contexto de acciones judiciales, tuvimos que dejar las instalaciones que teníamos en el edificio de Facultad de Psicología debido a los requerimiento exigidos por tratarse de pruebas. Teníamos que tener un espacio propio con alarma, rejas, etc. y no podía ser compartido con otras personas. Nuestro antiguo local era usado por todos los arqueólogos del Departamento, lo cual no era adecuado». La Facultad también les brinda apoyo en equipos y pone a disposición los vehículos con los que cuenta.

«Cada hallazgo es un impacto público»

No fue fácil responder a las demandas sobre casos de violaciones de Derechos Humanos. Los arqueólogos se basaron, en un primer momento, en lo acumulado por el EAAF, por ejemplo, sobre el Plan Cóndor y, principalmente, en la información generada por la Comisión para la Paz. «De esta se desprendía cierto pesimismo sobre el tema: se decía que los restos en su mayoría habían sido exhumados, quemados o tirados en el Río de la Plata. Teníamos un panorama complicado. Pero lo contrastamos y encontramos enterramientos primarios de detenidos desaparecidos que se suponía que habían sido arrojados al río», recordó Gazzán. La complejidad hizo que se dividiera el trabajo en áreas: la de investigación preliminar, el equipo de campo y el de laboratorio. En la primera se procesan testimonios, entrevistas, fichas ante mortem y fotografías aéreas. En el primer caso se requiere mucho cuidado para que la información que se obtenga sea lo más confiable posible, lo que implica cierto conocimiento antropológico. «Hay testimonios de todo tipo y hay que filtrarlos, contrastarlos. Implica también saber qué preguntar, porque no se pude inducir el testimonio. Hablamos de hechos que pasaron hace más de treinta años. Hay que apoyar a las personas para mejorar su recuerdo, pero sin inclinar su declaración», comentó Aguirrezábal.
La búsqueda y recuperación de restos óseos tal vez sea una de las caras más visibles para la opinión pública. A pesar de ello, también se trabaja en ubicar y caracterizar huellas materiales asociadas a actividades de enterramientos o desenterramientos clandestinos, a través del relevamiento de información arqueológica. «Otras veces nos llaman porque se está haciendo una obra y se encuentran restos. Esos son hallazgos accidentales. Muchas veces se descartan rápidamente. Pero que nos tengan en cuenta habla de que la gente nos tiene como referentes».
Los investigadores son conscientes de que su trabajo ha logrado cambiar ciertos discursos que circulaban en la sociedad uruguaya y que ahora no tienen lugar. «Hasta hace poco tiempo muchas personas aún sostenían que las víctimas habían muerto por “excesos” cometidos en tortura. Con el hallazgo de los restos del maestro Julio Castro quedó en evidencia que se detenía gente para ejecutarla. Es el único caso comprobado hasta ahora, y si bien no se puede generalizar, es un elemento nuevo. Son cambios en cómo se escribe la historia reciente, que siempre es un tema complicado». «Pero cada descubrimiento de restos (cuatro pertenecientes a detenidos desaparecidos) ha sido un impacto público que logra cambiar nuestra conciencia sobre el tema». «El trabajo nuestro se trata de dar respuestas a un montón de preguntas que quedaron en el aire. Hay un libro llamado En cuanto venga Julio, de Pablo Méndez, que toma mucha información que pudimos recabar sobre la ropa que tenía Castro cuando desapareció. Con ciertos datos forenses el autor logró completar espacios en blanco que la historia dejó», dijo Aguirrezábal, a lo cual su compañero acotó: «no hay que olvidar que hasta que se mostraron los primeros restos encontrados (Ubagésner Chaves Sosa) había gente que hasta negaba la existencia de desaparecidos en nuestro país».

* Por cualquier tipo de información que se quiera aportar al GIAF:
2403 2026
098 841 004

*Noticias Relacionadas:

Terrorismo de Estado: Decano evaluó el convenio con Presidencia

Investigación sobre crímenes del terrorismo de Estado

XI Congreso Latinoamericano de Antropología Forense, del 19 al 23 de octubre en Montevideo

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!