Jimena Alonso y Magdalena Figueredo son historiadoras de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación e integran el equipo de investigación histórica —coordinado por el decano Álvaro Rico— que trabaja, por medio del convenio entre la Universidad y Presidencia de la República, en la investigación de las violaciones de los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado.

Luego de diez años de importantes hallazgos, el acuerdo fue renovado y en el mes de junio, junto con otras cuatro investigadoras, Alonso y Figueredo retomaron las tareas. Esta vez se centraron en los asesinatos políticos del período 1968-1973 y en la respuesta de oficios judiciales y de solicitudes de la Comisión de Reparación del Ministerio de Educación y Cultura.
Las investigadoras recordaron que el equipo que integran tuvo como línea central el tema detenidos desaparecidos y operativos represivos, que se mantendrá, pero el énfasis estará puesto esta vez en «los casos de asesinatos políticos en el período 1968-1973». Alonso dijo que fue a partir de la Ley Reparatoria, que incluye el período que va desde las Medidas Prontas de Seguridad (junio de 1968) hasta el fin de la dictadura, que un decreto del Poder Ejecutivo amplió los cometidos de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, sumando el período anterior al golpe y agregando al universo de las víctimas, los asesinados políticos. Ambas comentaron que en los últimos años ya trabajaron en el tema pero que en el futuro se va a «profundizar sobre los hechos registrados en el período anterior a 1973».
El equipo estudia este tema a partir de un listado preliminar compuesto por 85 casos. «Cada miembro tiene una ficha individual: volvemos a ver los archivos a los que accedimos en la última década: Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Supremo Tribunal Militar, Policía Técnica, actas parlamentarias»; aclararon que la labor «implica cruzar mucha información de época, otra que viene hacia la actualidad y va variando en términos de su contenido y enfoque. La intención es hacer un mapeo de cada uno, qué pasó en ese momento, qué ha venido pasando, y también contextualizar la muerte en el marco represivo de la época», señaló Figueredo.
Consultadas sobre la existencia de dificultades en el acceso a la información, indicaron que el período predictatorial tiene una ventaja desde el punto de vista documental: «como todavía había una cierta legalidad democrática, también había ámbitos de discusión como el Parlamento o los medios de prensa. Eso nos hizo modificar los registros que llevábamos para los homicidios en dictadura, porque es diferente», aclararon.
La falta de una organización social de referencia que recopilara denuncias y materiales fue un obstáculo grande a la hora de encarar la tarea. «Para el tema se partió de cero, prácticamente, tanto en el tramo anterior a 1973 como en el posterior. Fue una diferencia con los detenidos desaparecidos donde organizaciones uruguayas como Madres y Familiares tenían un cierto archivo». «Además, fue la primera vez que el Estado asumió su papal como victimario en este tipo de hechos, a pesar de que la característica represiva de la dictadura no fue la desaparición forzada, sino la prisión política masiva y prolongada. El número de asesinados políticos es mayor al de desaparecidos. Así y todo el Estado uruguayo no trabajó el tema». Hubo instancias como la Comisión Investigadora Parlamentaria de 1985, la Comisión para la Paz pero nunca se incluyeron estos crímenes. Por lo tanto, no teníamos información allí». Figueredo aclaró que se basaron en el libro Nunca más! Elaborado por Serpaj, pero «para el primer tramo no había nada».
Además de las historiadoras, el grupo está conformado por la profesora Fabiana Larrobla, licenciada en Ciencia Política; María del Carmen Martínez, del Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos y de la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos; la historiadora Carla Larrobla y Graciana Sagaseta, estudiante avanzada de la licenciatura en Ciencias Históricas.
La documentación relevada permitió establecer en 208 el número de asesinados políticos por responsabilidad del Estado, 85 de los hechos se produjeron solo en los cinco años del período ahora estudiado.
Los materiales elaborados hasta el momento se encuentran disponibles en la web de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente.
 

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